Archivo de la etiqueta: abogados de modificacion de medidas en reus

VALIDEZ DE LOS CONVENIOS NO RATIFICADOS JUDICIALMENTE EN UN DIVORCIO.

El Tribunal Supremo en sentencia de 7 de noviembre de 2018 se plantea la validez de un convenio no ratificado por los cónyuges, bien entendido que se trata de un  convenio que se generó como propuesta de convenio regulador para presentar en proceso matrimonial y que, iniciado éste, no fue ratificado por una de las partes , que sí lo había  suscrito con tal finalidad.

La sentencia 325/1997, de 22 de abril, que con tanta reiteración se cita por los tribunales, tiene por objeto, como cuestión jurídica esencial, la naturaleza del convenio regulador en las situaciones de crisis matrimonial, contemplado y previsto su contenido mínimo en el art. 90 CC, que no ha obtenido la aprobación judicial.
En principio, según la sentencia, debe ser considerado como un negocio jurídico de derecho de familia, expresión del principio de autonomía privada que, como tal convenio regulador, requiere la aprobación judicial, como  conditio iuri determinante de su eficacia jurídica.  Por tanto, precisa que cuando es aprobado judicialmente queda integrado en la resolución judicial, con toda  la eficacia procesal que ello conlleva, pero, si no hubiese llegado a ser aprobado judicialmente, no es ineficaz  sino que tiene la eficacia correspondiente a todo negocio jurídico.
La falta de ratificación, y por ende de homologación, le impide formar parte del proceso de divorcio, pero no   pierde eficacia procesal como negocio jurídico.
Reitera esa doctrina la sentencia 1183/1998, de 21 de diciembre, que reconoce que en aquellas cuestiones  afectadas por la separación o el divorcio que no sean indisponibles, como son las económicas o patrimoniales  entre los cónyuges, los  convenios  que se establezcan tienen un carácter contractualista por lo que en ellos  han de concurrir los requisitos que, con carácter general, establece el Código Civil para toda clase de contratos
en el art. 1261, siendo la aprobación judicial que establece el art. 90 CC un requisito o
conditio iuris  de eficacia  del  convenio regulador, no de su validez, y atributiva de fuerza ejecutiva al quedar integrado en la sentencia
Concluye la Sala que al no haber sido ratificado el convenio por una de las partesal no carece de eficacia jurídica para formar   parte del proceso de divorcio de mutuo acuerdo y, por ende, para quedar integrado, tras su homologación, en  la resolución judicial con toda la eficacia procesal de fuerza ejecutiva que ello conlleva.  Pero ello no empece a que se califique eficaz, como negocio jurídico, y válido.  De forma, que si con esta última calificación se aporta el  convenio  al proceso contencioso, seguido al frustrado  de mutuo acuerdo, no podrá recibir el mismo tratamiento vinculante que en éste, en el que sólo el tribunal puede formular reparos si, ante la gravedad de lo acordado en contra de un cónyuge, entrevé un vicio del consentimiento ( art. 777 LEC en relación con el art. 90 CC), pero tampoco podrá, como afirma la sentencia recurrida, ser tratado como un simple elemento de negociación.
Se trata en este caso de un acuerdo de naturaleza contractual, con las posibles consecuencias contempladas  en el art. 1091 CC. Por tanto, una vez aportado con tal naturaleza al proceso contencioso, la parte que lo suscribió, pero no lo ratificó en presencia judicial, tendrá que alegar y justificar, en este proceso, las causas de su  proceder, bien por el incumplimiento de las exigencias del art. 1255 CC, bien por concurrir algún vicio en el consentimiento entonces prestado, en los términos del art. 1265 CC, o por haberse modificado sustancialmente las circunstancias que determinaron el inicial consenso, que nada tiene que ver con cambio de opinión injustificada, sobre todo en supuestos como el presente en los que cada cónyuge intervino asesorado de letrado en la redacción y suscripción del convenio.
.
Algún tribunal ha criticado que se predique con automatismo idéntica eficacia vinculante cuando el convenio  se vincula desde su inicio a una petición consensual de separación o divorcio, que resulta finalmente frustrada  por no ser ratificado el convenio
, que cuando este se ratifica. Si así fuese, se dice, sería intranscendente, salvo en sus consecuencias procesales, la ratificación o no del convenio  , pues el mismo vincularía la decisión judicial en el ulterior procedimiento contencioso.
Sin embargo, como acabamos de exponer, tal automatismo no existe y el tratamiento jurídico es notoriamente  diferente.  Lo que no es posible, en contra de la jurisprudencia de la sala, ampliamente reseñada, es negarle su naturaleza de negocio jurídico familiar, como expresión del principio de la autonomía de la voluntad.
De ahí, que si la parte que suscribió el  convenio , como negocio jurídico familiar, y que se aporta como tal por la contraparte al proceso contencioso, no alega ni justifica ninguna de las circunstancias antes mencionadas, el tribunal no ha de decidir sobre las medidas de naturaleza disponible que se le postulan, apartándose de lo libremente pactado por los cónyuges en el convenio  suscrito por ambos, y haciendo su particular apreciación  legal sobre tales medidas.